Quedan 50 días para que entre en funcionamiento, en pruebas, el Área de Prioridad Residencial (APR) Madrid Central y las consecuencias ya se están haciendo efectivas para las más de 30.000 empresas y 300.000 puestos de trabajo en la zona que quedará innacesible para la gran mayoría de los vehículos. «A la hora de contratar ya estamos preguntando dónde viven, porque si no pueden desplazarse no pueden trabajar aquí», explica un portavoz de la Plataforma de Afectados por Madrid Central, que aglutina a una treintena de asociaciones y colectivos que no encuentran en el Ayuntamiento de Madrid atención a los conflictos que les plantea el nuevo APR.

Como muestra el botón de los nuevos contratos ya que, según explica el portavoz, «por ejemplo para aquellos que trabajan de noche, los autobuses nocturnos de la EMT pasan cada 40 minutos». Pero la casuística es infinita. Desde floristerías a vecinos, todos se han unido para que el Ayuntamiento les escuche de una vez y les ofrezca soluciones.

Y es que no se trata de una reivindicación espontánea. Según explican desde la Plataforma, llevan más de un año tratando con el consistorio madrileño los conflictos y dudas que les han surgido con la puesta en marcha de Madrid Central. «Hemos tratado de reunirnos en común, pero siempre preferían hacerlo con cada sector por separado, pero en las comisiones de trabajo, como las organizadas por CEIM, decidimos reagruparnos para plantear unidos las soluciones», detallan desde la Plataforma.

De hecho, del área de Medio Ambiente y Movilidad, que dirige Inés Sabanés, destacan que siempre ha habido buenas formas y predisposición al diálogo. «Nos decían que todo se solucionaría, pero ninguna de las numerosas reuniones ha sido operativa», comentan. Finalmente, hartos de tantas buenas palabras sin soluciones ejecutivas reclamaron al Ayuntamiento, antes del verano, una reunión con la delegada Sabanés, para poder trabajar con quien toma las decisiones. La reunión quedó fijada para hoy, 4 de octubre, pero ayer el consistorio la canceló y les emplazó a hablar con más técnicos. «Nos quejamos y la han aplazado sine die. Teniendo en cuenta que faltan 50 días para que entre en vigor el APR, se nos acaba el tiempo», reclaman.

Hasta el momento, decenas de federaciones, colectivos y asociaciones se han unido en esta Plataforma, entre las que se encuentran desde el sector del taxi , a la hostelería , el turismo, el ocio, la distribución, la logística, la cultura y el comercio. «El proyecto Madrid Central afecta directamente a más de 30.000 empresas y 300.000 puestos de trabajo, según los datos del propio Ayuntamiento. Asimismo, a nivel turístico, el distrito Centro acumula el 65% de la actividad turística de la ciudad que atrae a decenas de miles de visitantes diariamente», esgrimen en el comunicado de presentación de la Plataforma.

Un portavoz de la plataforma, Paco Carmona, al frente de la Asociación de Comerciantes del Barrio de las Letras, explicó a Efe que la nueva agrupación comparte la necesidad de medidas para reducir las emisiones contaminantes, pero rechazan que Madrid Central se implante «sin suficiente comunicación» y sin medir su «influencia» en «las redes comerciales y de abastecimiento». Así, el próximo miércoles, 10 de octubre, presentarán un manifiesto en el que participarán todas las entidades empresariales que se hayan adherido hasta el momento y que pretende servir de plataforma de lanzamiento de una campaña de movilización social para «forzar» el diálogo con el Ayuntamiento.

Un «diálogo» que ayer ofreció la alcaldesa, Manuela Carmena, que reconoció que desconocía las quejas. También la portavoz del PSOE municipal, Purificación Causapie, consideró «razonables» sus reclamaciones pero advirtió de que las empresas se tendrán que «adaptar». Por su parte, al portavoz del PP, José Luis Martínez-Almeida, no le extrañó la creación de la Plataforma ante la «falta de información e improvisación», sobre el APR. «Ahora todos quieren reunirse con nosotros cuando llevamos más de un año intentando encontrar soluciones», señalaron desde la Plataforma.