Los profesores del colegio público de Educación Especial Santiago Ramón y Cajal de Getafe continúan en el punto de mira. Una segunda madre ha denunciado ante la Inspección Educativa otro posible caso de malos tratos a su hijo de diez años, que aún es alumno del centro. Este hecho se une a las vejaciones que sufrió el pequeño Eduardo, de tan solo ocho años y con un trastorno de autismo, que descubrieron sus padres después de colocar un dispositivo de grabación en sus ropas.

A pesar de que fuentes de la Consejería de Educación aseguraron el miércoles que el de Eduardo era un caso aislado y que no tenían constancia de que se hubieran producido casos similares en el centro, una mujer aseguró esa misma mañana a las puertas del centro que se sentía «identificada» con los hechos que denunciaban los padres del pequeño porque sospechaba que su hijo padecía «un maltrato en toda regla». Al contrario que Eduardo, este menor continúa matriculado en el colegio Santiago Ramón y Cajal. Un portavoz de la Comunidad de Madrid confirmó finalmente que una segunda familia había presentado en los últimos días una denuncia ante la Inspección Educativa y que los trabajadores ya estaban tratando el caso. De hecho, ayer por la tarde se produjo una reunión entre los progenitores, un miembro de la Inspección Educativa y la dirección del centro.

En paralelo, este mismo órgano de control se encuentra trabajando en un expediente de información reservada que se ha abierto como consecuencia de las informaciones que han ido apareciendo en los últimos días. Miembros del gabinete de la consejería que preside Rafael van Grieken afirman que se trata de un paso previo para determinar si se toma algún tipo de medida preventiva contra las dos profesoras que de están investigadas por el juez que instruye en caso del pequeño Eduardo. Si se hallasen indicios de alguna irregularidad en el comportamiento de las trabajadoras o de mala praxis la Inspección Educativa podría abrirles un expediente disciplinario.

Grabaciones determinantes

El escándalo empezó cuando los padres de Eduardo le colocaron una grabadora en la ropa movidos por la «angustia» y «profunda preocupación» que sufrían después de que su hijo mostrara un comportamiento extraño y sufriera constantes crisis de ansiedad, una circunstancia que certificó el médico psiquiatra que se encarga de su seguimiento en el Hospital Gregorio Marañón. En los audio se escucha cómo varios docentes profieren amenazas al niño –«te van a pinchar en el culo», «si me arañas te puedo morder yo a ti»– y se burlan de su forma de hablar, consecuencia del autismo.

Los padres de Eduardo decidieron de forma inmediata que el menor dejara de asistir a clase y pusieron el caso en manos de la justicia. El propio juez decidió cambiar al niño de colegio, y también interrogó a las tres trabajadoras investigadas –la tutora del pequeño, una profesora de apoyo y una auxiliar de clínica– y a otros miembros del claustro. Entre tanto, el centro abrió expediente por absentismo.

Fuente: LaRazon.es