La campaña electoral en Madrid ha situado en primera línea del debate entre candidatos el problema de las ocupaciones ilegales de viviendas, un fenómeno complejo, relacionado tanto con la crisis económica como con mafias organizadas, que afecta a más de un millar de viviendas en toda la Comunidad.

"Un día de estos os vais de vacaciones y consideran que la casa está vacía y cuando volváis se la dan a unos amigos okupas", alertaba hace unos días la candidata autonómica del PP, Isabel Díaz Ayuso, sobre algunos de sus rivales, mientras el candidato de Cs, Ángel Aguado, advertía: "Nos jugamos el tener un Ayuntamiento que es amigo de los okupas, de los narcopisos y de las mafias".

Mensajes similares se han repetido durante toda la campaña y han convertido la amenaza okupa en uno de los principales argumentos de PP, Cs y Vox para pedir el voto.

Al margen del debate electoral, la ocupación ilegal de viviendas, tipificada en el Código Penal como "usurpación", es un problema avivado por la crisis económica a partir de 2008, al igual que el impago de alquileres e hipotecas, en el que confluye el aumento de familias sin ingresos o en riesgo de exclusión con la aparición de mafias especializadas en esta actividad delictiva.

La apertura de diligencias por usurpación de viviendas en la Comunidad de Madrid siguió un ritmo creciente hasta 2015 (año en que se incoaron 4.459 expedientes, tras los 4.135 de 2014, los 3.320 de 2013 y los 2.322 de 2012), pero, a partir de ese año, se invirtió la tendencia y el número empezó a descender: en 2016 habían caído ya hasta 1.425 y en 2017 (último ejercicio disponible) eran 905.

En el conjunto de España, la evolución era similar: el número de diligencias por ocupación ilegal de viviendas se redujo de manera constante desde 27.263 en 2015 hasta 10.373 en 2017. Y, en lo que respecta a la fase posterior de concreción del delito, por casos de usurpación había en 2015 un total de 3.461 escritos de calificación, cifra que descendía a 1.057 en 2016 y a 278 en 2017.

La ola de procedimientos contra okupas, que creció sin parar hasta 2015, hizo subir las sentencias condenatorias en los siguientes años, pese a que entonces este fenómeno delictivo ya había remitido, de modo que en la Comunidad de Madrid se dictaron en 2017 un total de 2.254 condenas, frente a las 1.783 de 2016 y las 720 del año anterior.

El Código Penal castiga la usurpación de viviendas con multas de tres a seis meses y, si además se ejerce violencia o intimidación, con uno o dos años de prisión, si bien el PP defiende penas prisión para todos los okupas hasta un máximo de tres años y que la policía pueda efectuar el desalojo en 24 horas mediante una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que ampliaría la aprobada el año pasado para el desahucio exprés.

A menos que demuestren que los okupas llevan en el inmueble menos de 48 horas, lo que facultaría a la Policía para un desalojo inmediato sin orden judicial, los propietarios pueden presentar una denuncia por delito de usurpación o bien una demanda civil, que, tras la entrada en vigor de la ley del desahucio exprés, puede permitir la recuperación de la vivienda en un plazo de 30 días a cinco meses.

En principio, las cifras de usurpación pueden parecer comparativamente bajas respecto al total de viviendas vacías, que, según los últimos datos oficiales, correspondientes al censo de 2011, eran 263.279 en la región y 153.101 en la capital. Y, si se toma en consideración el total de viviendas, no solo las vacías, habría que comparar las usurpadas con más de 1,5 millones en la ciudad de Madrid y de 2,9 millones en la Comunidad.

No obstante, hay consenso entre las Administraciones a la hora de tratar esta cuestión como un problema destacado en Madrid y, de hecho, es uno de los asuntos prioritarios que aborda la Junta Local de Seguridad de la capital -en la que participan Ayuntamiento y Delegación del Gobierno- desde 2016, cuando se creó la figura del coordinador de la Oficina de Viviendas Ocupadas de la Policía Nacional.

A falta de datos recientes más generales, esta oficina anunció hace un año que, desde su puesta en marcha, había recibido 648 comunicaciones de pisos ocupados ilegalmente en los distritos de Centro y Puente de Vallecas, de los que la Policía Nacional había desalojado 375.

Administraciones públicas, jueces, propietarios -particulares, bancos fondos de inversión, asociaciones de vecinos y plataformas contra las hipotecas son al tiempo afectados y actores para solucionar un problema que, según un informe del Institut Cerdà, en 2017 alcanzaba a unas 87.500 viviendas de toda España, de las que entre un 10 y un 35 % sufrían ocupaciones consideradas conflictivas, informa EFE.

Fuente: LaRazon.es