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La AP no entiende que haya razón para llevar a cabo una macro-causa contra CEME
El colectivo de supuestas afectadas de la clínica CEME, que en su día protagonizó varios intentos de extorsión denunciados por el centro médico, ha visto cómo sus pretensiones han decaído, una vez más, después de que la Audiencia Provincial de Madrid haya ratificado la decisión del juzgado de primera instancia de decretar el sobreseimiento de las denuncias que por presunta mala praxis habían sido presentadas, en las que se citaban lesiones y secuelas por actos de cirugía plástica.
La AP no entiende que haya razón para llevar a cabo una macro-causa contra CEME, en la que las denunciantes entendían que había que encuadrar la realización de cirugías plásticas sin ninguna garantía sanitaria y con dudosa técnica quirúrgica, con resultados lesivos muy graves y con nula o deficiente atención post operatoria, todo lo que no ha podido ser acreditado hasta hoy en ningún caso.
La propia AP reprende a las denunciantes recalcando que, en caso de que se hubiesen dado delitos independientes, cada uno debería haber dado lugar a la formación de una única causa. En este sentido, subraya el tribunal que en el tratamiento realizado a Silvia, hasta la fecha, ni siquiera consta de forma fehaciente la existencia de indicios racionales de criminalidad de la comisión del delito de lesiones por imprudencia, en la actuación de los médicos que la trataron ni de la clínica en la que fue intervenida.
A eso, añade la AP que el análisis de las diferentes denuncias ni siquiera permite entender la existencia de indicios racionales criminalidad, de un delito de lesiones imprudentes y/o estafa, conforme se expresan en denuncia las integrantes del colectivo de supuestas víctimas. La propia Fiscalía había interesado la no acumulación de las diligencias.
El pasado mes de agosto, la asociación que conformaron varias pacientes aprovechó la trágica situación de Silvia Idalia para hacer presión al centro del que es dueño Rafa Tena. Así, se imputó por extorsión a cuatro de las supuestas afectadas por CEME que exigían, para no denunciar a la clínica, significativas cantidades de dinero.
