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Más del 70% de los ciudadanos reclama un acuerdo político urgente para garantizar el futuro del sector automovilístico, considerado clave para el empleo y la economía nacional
Una gran mayoría de la ciudadanía considera urgente un compromiso político para salvar la industria del automóvil en España. Así lo refleja el estudio “Percepción general de la sociedad española sobre la industria de la automoción”, impulsado por la Fundación Renault Group España junto a beBartlet y Cluster 17, que muestra que el 73% de los españoles está a favor de un Pacto de Estado por la Automoción, mientras que el 77% apoya un acuerdo entre el Gobierno central y las comunidades autónomas para garantizar la producción y el empleo industrial.
El estudio, basado en una muestra de más de 1.800 personas, evidencia una preocupación extendida sobre el estado del sector: el 55% considera que la industria atraviesa una situación grave o muy grave, especialmente entre los votantes de PNV, Vox y PP. Solo un 4% declara no estar preocupado por las consecuencias económicas de una posible crisis en el sector.
Según los datos recabados, 3 de cada 4 españoles temen el impacto económico de una crisis automovilística, y un 80% destaca la importancia de las fábricas de automóviles en sus comunidades por su efecto positivo sobre el empleo, la economía local y la innovación.
Ignacio Rodríguez-Solano, director de la Fundación Renault Group España, subraya que “este estudio revela una demanda clara: los ciudadanos reclaman un consenso político para proteger un sector considerado prioritario. No hay tiempo que perder y no hay plan B, nos estamos jugando el sector”.
En cuanto a la transición hacia el vehículo eléctrico, la mayoría de la población también considera necesario incrementar los incentivos públicos para la compra de coches eléctricos, especialmente entre los jóvenes de 25 a 34 años.
El informe pone de manifiesto el valor estratégico de la industria automovilística en el país, tanto desde el punto de vista económico como social, y refuerza la llamada de atención a los responsables políticos para que actúen con celeridad. El clamor ciudadano es claro: España no puede permitirse perder una de sus principales fuentes de empleo, innovación y desarrollo industrial.
