Por Martín Nasarre

(Tarragona).- Montero y Montoro, Montoro y Montero, que tanto montan, son los apellidos de dos ministros de Hacienda del Gobierno de España, uno del PP, Cristóbal Montoro, y la otra, María Jesús Montero, en el gobierno de extrema izquierda de PSOE con Podemos.

María Jesús Montero se ha confirmado como fiel sucesora de Montoro, en lo que a voracidad fiscal se refiere. Ya lo ha demostrado con las importantes subidas fiscales que contemplan los Presupuestos Generales del Estado (PGE): IRPF, Sociedades, impuesto a las Socimis, subida y consolidación de Patrimonio, el IVA a las bebidas azucaradas, eliminación de ventajas fiscales a los planes de pensiones, subida a los impuestos sobre las primas de seguros o las subidas en hidrocarburos, siendo las clámese medias y bajas las más afectadas por estas escaladas tributarias que, como siempre, suele pagar “la gran masa” de la población.

Las enormes y crecientes necesidades de gasto público o se pagan con Deuda Pública, que escalará este año hasta el 140% del PIB, o se pagan con impuestos, pues pretender continuar con déficits públicos del 11% sobre el PIB como se producirá en el ejercicio 2020, es sencillamente insostenible y suicida.

El Gobierno que preside Pedro Sánchez ya ha enviado a Bruselas “sus planes” sobre las subidas de impuestos, con más subidas fiscales que las que aparenta. El Plan de Recuperación supone unas 348 páginas, aunque el verdadero plan consta de más de 2.000 folios que todavía no han sido conocidos, incluyendo 212 medidas repartidas en 110 inversiones y 102 reformas. Una de las "reformas" más polémicas ha sido la eliminación de la reducción por la tributación conjunta del IRPF, un hachazo a las familias de 2.293 millones de euros según los cálculos de la Airef, que ha copado buena parte de los titulares de la prensa. Tal ha sido la oleada de críticas, que el Ejecutivo de Sánchez se  vio obligado a desdecirse de lo prometido por escrito a Bruselas. Otro mazazo más a su credibilidad.

Y poco hay que añadir a la nueva estrategia “homogeneizante” para subir los “impuestos autonómicos”, otra alza que echa por tierra la dispersión de competencias autonómicas aparentemente consagradas. La pandemia ha desvelado el colapso del sistema autonómico español, un panorama administrativo en el que las diversas Comunidades Autónomas que se comportan como verdaderas minirepúblicas independientes.

La actual Ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha sacado sus legiones de inspectores y su retaguardia de “inteligencia fiscal” para dar con todos aquellos que le intenten escamotear un euro, especialmente ahora que el Gobierno ha diseñado sus nuevos Presupuestos Generales. Si, porque hasta ahora, los presupuestos eran prórroga de los que dejó diseñados Montoro. Y se nos viene encima un nuevo hachazo fiscal que habrá que lidiar junto a las subidas de la luz o la perdida de trabajo, clientes o cierres masivos de establecimientos.

El proyecto para 2021 de los Presupuestos Generales contempla subida de impuestos especiales, cambios en deducciones de Sociedades y sistema de módulos y una importante y anunciada reforma fiscal, en la que planteará, entre otras medidas, un aumento de los impuestos especiales, concretamente el que grava el consumo de tabaco.

Uno de los puntales más dolorosos para muchos comerciantes y pequeños empresarios va a ser la revisión del sistema de módulos por el que tributan muchos autónomos y un replanteamiento de las deducciones que existen actualmente en el Impuesto sobre Sociedades, una reforma que repercutirá directamente sobre la creación de empleo y mantenimiento de la riqueza nacional y que va en dirección contraria a lo que le hace falta a España para que pueda recuperarse, y que es el de que sean los propios empresarios, autónomos o emprendedores los que decidan hacia donde deben dirigir sus inversiones y esfuerzos.

A comienzos de 2021 se habló de la intención de Hacienda de convocar a un supuesto “comité de expertos”, que muchos no quieren que se parezca en nada al comité de expertos que condujo la crisis del Covid-19, y cuya misión será la de analizar la viabilidad de una reforma fiscal integral y que contará con el plazo de un año para aprobar sus conclusiones. Ese supuesto “Comité” ya está trabajando con los resultados por todos conocidos.

Montero cuenta en su retaguardia con un “plantel” que quiere funcionar como una roca, respecto al resto de los departamentos ministeriales, comenzando por Carlos Moreno Medina, jefe del gabinete de la ministra, que tiene rango de Director General aunque hace un poco de todo y sin ninguna atribución concreta, salvo la dirección política del ministerio. Fue nombrado Director del Gabinete de la Ministra de Hacienda por Real Decreto 24/2020, de 14 de enero. Entre sus méritos están una brillante carrera política en la Junta de Andalucía, en las áreas de “salud”, y el haber sido designado a dedo como consejero de la SEPI y del Club de Campo de Madrid.

Otro “fichaje” que se llevó Montero fue María del Pilar Paneque Sosa, Subsecretaria de Hacienda. Es médico y fue inspectora de la Seguridad Social, siendo sus cometidos casi todos internos en el ministerio: personal, seguimiento de ejecución, compras, etc., aunque controla la Real Casa de la Moneda-FNMT, el laque móvil del Estado y los tabacos.

Las dos grandes áreas de Hacienda son la Secretaría de Estado de Hacienda y la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos.

La primera de ellas la Secretaría de Estado de Hacienda está en manos de Inés María Bardón Rafael, otra persona traída por Montero del sistema sanitario andaluz. Es economista, y no se le conocen trabajos por cuenta ajena, salvo la actividad política en Andalucía. De esta Secretaría dependen la Dirección General de Tributos, el Catastro, la Agencia Tributaria y el Tribunal Económico-Administrativo, y es de la que dependen la ecuación y la inspección fiscal. Tiene un jefe de Gabinete, que es Roberto Reyero Sánchez, que fue nombrado el 5 de febrero, y un supuesto “Consejo para la Defensa del Contribuyente” que tiene más fama de quitar la razón a los contribuyentes que de dársela.

La otra pata es la de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, cuya Secretaria de Estado, que es como un viceministro, es María José Gualda Hurtado, procedente también de la Salud Pública de la Junta de Andalucía. Es solo diplomada universitaria, ha dado clases en la Escuela Andaluza de Salud Pública y llegó a tener algunos puestos de función administrativa en diversos hospitales andaluces. De ella dependen la Secretaría General de Fondos Europeos desde la que se van a repartir los 150.000 millones de euros procedentes de Bruselas para la recuperación de España, la Dirección General de Presupuestos y la Dirección General de Costes de Personal.

Las legiones de “doberman fiscales” que lanzará la ministra Montero a la caza de todo lo que se mueva y sea susceptible de ser “incautado” fiscalmente viene encabezada por una serie de figuras como Casimiro Santos Arribas, Inspector Coordinador de la Agencia Tributaria y uno de los “cerebros” intelectuales que dirigen las inspecciones, además de autor de numerosos textos de estudio para el cuerpo de técnicos e inspectores de Hacienda. Otros inspectores, como María Jesús Gallego Camarena, quien es en Madrid Jefa del Equipo Regional de Recaudación y suele formar parte de los tribunales para las oposiciones de inspectores de Hacienda. A ellos hay que sumar legiones enteras de inspectores listos para “salir a la calle” como Jesús Mauricio García Bueno, la técnica de Hacienda Eva Barata Gómez,  o José Julio Martín Vaquero, que ya intentó promoverse en diversos concursos públicos, como en la Comunidad de Madrid de 2010 de la Consejería de Economía y Hacienda, donde fue excluido de un concurso al no ser funcionario. Finalmente fue promovido muy rápidamente el 7 de septiembre de 2020 al cuerpo superior de inspectores de Hacienda en acceso libre y promoción interna.

Muchos de estos inspectores y técnicos son literalmente lanzados a la calle a arriesgadas labores de inspección si contar con la capacitación necesaria o incluso carecer de ella, motivo por el cual el 70% de los borradores que ha enviado Hacienda en la última campaña de la Renta pata familias vulnerables estan incompletos o son incorrectos, aunque muchas familias no tienen capacidad para revisarlos y los dan por buenos. O al menos esos son los datos que aporta la Fundación Madrina, que advierte que tras revisar miles de declaraciones muchas familias han pasado de deber a Hacienda 1.500 euros a que les devuelvan 500 euros.

Tras los cambios fiscales introducidos en los Presupuestos de 2021, que el Gobierno consideró simples “retoques”, Hacienda quiere introducir en las próximas cuentas públicas una reforma fiscal más ambiciosa, en la que cuenta con el apoyo de una nutrida tendencia de Inspectores que no quieren que se pongan en juego los puestos de trabajo de funcionarios y empleados públicos, entre ellos, claro está, los mismos suyos, y que englobe a la totalidad de las figuras impositivas y recorte la brecha fiscal de siete puntos del PIB que separa a España de la media europea.

La voracidad fiscal es una lucha que intenta mantener un equilibro imposible entre las finanzas  públicas, la libertad económica de la Sociedad española, el mantenimiento de la riqueza que genera el esfuerzo colectivo de nuestra Sociedad, y el mantenimiento de la gigantesca maquinaria pública, incluyendo la enorme masa de funcionarios y empleados públicos de las diversas Administraciones. España bate récords de empleados públicos cada año, y es uno de los países desarrollados con mayor masa de empleados públicos y funcionarios, con 3,4 millones de trabajadores y con un ritmo de crecimiento anual verdaderamente insostenible del 4,6% anual mientras que en el sector privado se retrocede un 4,5%. La Administración está creando un puesto de trabajo nuevo por cada cuatro que se destruyen en el sector privado, una maquinaria impagable con la caja actual de recaudación tributaria. El mayor repunte de personal corresponde a las Comunidades Autónomas que han incrementado sus plantillas en 390 efectivos desde 2007. 

La reforma en marcha del Impuesto de Sociedades, que ya ahoga mucho a los pequeños y medianos empresarios, de acuerdo con los deseos de Hacienda no tiene el rendimiento deseado y es preciso revisar los beneficios fiscales y realizar un análisis de la utilidad de algunas de sus deducciones.

Hacienda tiene intención de revisar las actuales deducciones, es decir, gastos que empresarios y autónomos anotan cómo gastos deducibles. Hacienda cree que muchas deducciones son “obsoletas” y no cumplen con la utilidad para la que fueron creadas, aunque quiere crear otras supuestas “deducciones” que muy pocos empresarios no van a poder cumplir y que no van a poder aplicar como gastos deducibles, como las de “medioambiente”, que no se han concretado o las que tiendan a favorecer la digitalización, aunque eso si, quitando de golpe todas o casi todas por las que actualmente se deducen. En todo caso, lo que parece más bien que pretende el Gobierno es quitar de un plumazo todas esas deducciones para incrementar automáticamente la masa recaudatoria.

Hacienda también quiere quitar de golpe el sistema de módulos por el que tributan algunos autónomos, al considerar que sería conveniente ir avanzando hacia una tributación por los beneficios reales que se obtengan, ya que cuando se tributa por módulos es muy difícil “afinar”, y cree que el proceso actual de digitalización de las pymes permite cada vez más saber cuáles son los beneficios reales. El nuevo sistema restará flexibilidad a las empresas, las anulará su liquidez mensual y agotará las posibilidades de proyectar nuestras inversiones o la contratación de nuevos trabajadores, al ahogar la liquidez real, que va a quedar absolutamente congelada con la nueva “lupa fiscal”.

Se quieren aumentar con impuestos al alcohol y al tabaco, con el argumento de intentar conseguir que menos gente fume o beba, pero eso solo es el argumento, porque el objetivo es eminentemente recaudatorio, al igual que ocurre con los combustibles.

Efectivamente, en cuanto a los impuestos especiales Hacienda sigue defendiendo la equiparación paulatina de la tributación del diésel y la gasolina, y ya se incluyó un aumento de la fiscalidad del diésel en los Presupuestos que decayó para conseguir el apoyo del PNV, que argumentó que podía ser un hachazo para los pequeños empresarios.

En materia de IVA, Hacienda quiere analizar el impuesto con “calma”, aunque admite que España hace un mayor uso de los tipos reducidos que otros países de Europa y que la recaudación por este impuesto en relación con el PIB es menor que en la media de la UE, pero para que pueda producirse esta recaudación igual de abultada que en país ricos como Alemania o Francia, tendrían que multiplicarse por dos los salarios: no parece que sea razonable que Hacienda quiera recaudar el doble de IVA si los salarios son la mitad que en el resto de países de la UE.

El grave problema que tiene la Administración española es la organización territorial: la crisis del Covid-19 ha dejado claro que la organización autonómica no es operativa, y pudimos contemplar muchas veces al comienzo de la crisis, en Marzo de 2020, al Ministro de Sanidad Illa comparecer ante los medios de comunicación sin tener competencias ni facultades para organizar nada. Todas las competencias las tienen las comunidades autónomas y hemos visto que, efectivamente, el Gobierno ha podido gobernar solamente cuando ha declarado el Estado de Alarma.

Hacienda ha abierto un caballo de batalla contra algunas comunidades, como Madrid, pretendiendo “armonizar” muchos de los impuestos que gestiona, en concreto Sucesiones, Donaciones y Patrimonio. Es decir, que ha habido mucha descentralización en un tiempo, que ahora se quiere “recentralizar”. Los despachos de abogados y notarias han recibido aluviones de consultas al respecto de donaciones y sucesiones, por el temor de que Sucesiones vuelva a tributar: muchas familias quieren intentar hacer transmisiones en vida de las herencias, de modo que pueda sortearse al máximo este impuesto que para muchos es un "impuesto a la muerte”. Montero siempre ha tenido la intención de acabar con las herencias en vida como parte de la planificación fiscal de las familias españolas. El objetivo no es otro que dejar cada vez menos alternativas a que las personas puedan planificar su futuro, encorsetar sus ahorros.

Hacienda quiere ahora evitar los pactos hereditarios eliminando parte de sus ventajas buscando que muchos contribuyentes hayan incurrido en una posible ilegalidad, por no hablar del encarnizamiento fiscal que ya entraña el impuesto a la muerte. La fórmula mágica que Hacienda suministrará a sus inspectores es una sutil modificación legislativa consistente en trasladar al IRPF la tributación de la ganancia patrimonial que suponga el pacto, haciendo que se pague también en la declaración de la renta lo que ya supone el Impuesto de Sucesiones, algo que no permite el artículo 6.5 de la Ley de IRPF.

El panorama fiscal se completa este año 2021 con la entrada en vigor de dos nuevas figuras impositivas: el impuesto a las transacciones financieras, conocido como “Tasa Tobin”, y el impuesto sobre determinados servicios digitales, o “Tasa Google”, con los que el Gobierno pretende recaudar unos 1.800 millones de euros. Mucho cuidado con estas tasas, porque podrá ocurrir que muchas compañías “emigren” hacia países cercanos pero mucho más favorables fiscalmente hablando, como el país vecino Portugal.